A partir de mayo, se aplicarán nuevos ajustes para los hogares de altos ingresos y otros usuarios no residenciales, además de una indexación mensual en una parte de las tarifas, lo que significará aumentos mensuales para todos los clientes conectados a la red.
Según cálculos de las empresas distribuidoras de gas, los usuarios de altos ingresos verán un fuerte impacto en sus boletas. Por ejemplo, un usuario de Metrogas con un consumo anual de hasta 500 m3 (R1), que antes pagaba $1547, verá su factura elevarse a $7000, un aumento del 352%. De manera similar, un usuario residencial de altos ingresos que pagaba $4527 por un consumo entre 600 y 800 m3 (R22), ahora deberá pagar $25.200, una suba del 456%.
Los usuarios de bajos ingresos con tarifa social (N2) pagarán entre US$ 0,74 y US$ 0,78 por millón de BTU, mientras que los de ingresos medios (N3) abonarán entre US$ 1,10 y US$ 1,17 por millón de BTU, con un incremento por el consumo que exceda el bloque subsidiado.
El impacto más significativo será con el nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir a partir del 1° de mayo, coincidiendo con el aumento en los precios del gas a entre US$ 4,20 y US$ 4,50 por millón de BTU, dependiendo de la zona del país. Esto representará un golpe considerable, especialmente en los meses de invierno, cuando el consumo es más alto.
A pesar de estos aumentos, en algunas áreas del país se mantendrán los descuentos por "zona fría", que oscilan entre el 30% y el 50% sobre el precio del gas, un beneficio que se ha mantenido a pesar de los intentos del gobierno por eliminarlo.
Es importante destacar que el precio del gas "PIST" se ha dolarizado y ahora está indexado a la evolución del tipo de cambio oficial, lo que representa un cambio significativo en la política tarifaria. Este ajuste gradual busca evitar la pérdida de valor del costo del gas debido a la devaluación de la moneda local.
Sin embargo, los aumentos han generado preocupación entre los consumidores y expertos. Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores (ADDUC), advierte que los incrementos pueden llegar hasta el 1000% y critica la eliminación de subsidios, argumentando que los precios no respetan la estructura de costos y se basan en valores internacionales que no reflejan la realidad nacional.
Bassano hace un llamado a la reflexión a los políticos y denuncia la falta de acceso a los servicios públicos, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. Además, critica el estado de los órganos de control, que considera desmantelados debido a los despidos de trabajadores calificados.
El aumento en las tarifas de gas plantea desafíos significativos para los argentinos, y la incertidumbre sobre su impacto económico y social sigue siendo motivo de preocupación para muchos.
