La ministra de Seguridad afirmó que los grupos de barras que participaron en los disturbios salieron de La Matanza y Lomas de Zamora, vinculando a los intendentes en una denuncia judicial. Espinoza y Otermin rechazaron las acusaciones y denunciaron una maniobra política. Crece la tensión entre Nación y el peronismo bonaerense.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó públicamente a los intendentes Fernando Espinoza y Martín Otermin de estar involucrados en los recientes disturbios frente al Congreso Nacional. Sin presentar evidencia concreta, Bullrich afirmó que los principales grupos de barras bravas que protagonizaron los incidentes salieron de La Matanza y Lomas de Zamora, justificando así su inclusión en una denuncia por «sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita».
Estas acusaciones, lanzadas desde el Ministerio de Seguridad, generaron una reacción inmediata tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Espinoza y Otermin, ambos figuras prominentes del peronismo en la Provincia de Buenos Aires, negarob vehementemente cualquier implicación en los disturbios del Congreso y han calificado las acusaciones de Bullrich como infundadas y políticamente motivadas.
El incidente en el Congreso, que ocurrió durante una sesión legislativa crucial, desató una ola de críticas y preocupaciones sobre la seguridad en eventos públicos de alto perfil. Las autoridades aún están investigando la verdadera naturaleza de los disturbios, que incluyeron enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, dejando varios heridos y detenidos.
Desde el oficialismo, respaldado por el presidente del Senado, se ha solicitado una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos y determinar cualquier responsabilidad real en los disturbios. Mientras tanto, la acusación de Bullrich ha exacerbado las divisiones políticas ya profundas en el país, poniendo de relieve la sensibilidad y la polarización que rodea temas de seguridad y orden público.
El futuro de esta denuncia y sus implicaciones políticas son inciertas, pero lo que es seguro es que continuará siendo un punto de fricción entre el gobierno nacional y las figuras políticas provinciales, alimentando un debate que no solo se centra en la seguridad pública, sino también en las estrategias políticas y las disputas territoriales en la Provincia de Buenos Aires.
