La Municipalidad de La Plata clausuró el desarrollo inmobiliario «Pueblo», un barrio boutique en construcción ubicado en Hernández, tras detectar que operaba sin las autorizaciones necesarias.
El emprendimiento, desarrollado por la empresa Berlín, fue sancionado en el marco de la revisión de ordenanzas urbanísticas dispuesta por el intendente Julio Alak.
Un barrio clausurado en medio de una revisión masiva
El barrio «Pueblo», situado en la manzana de 133 entre 505 y 506, cerca del barrio Don Carlos y la Cantera de Gorina, se promocionaba como un desarrollo exclusivo con 43 lotes, garantizando «seguridad» y «naturaleza» a sus compradores. Sin embargo, el proyecto avanzó sin contar con la convalidación provincial obligatoria, lo que llevó a su cierre por parte del Municipio.
La medida se enmarca en la suspensión de 76 ordenanzas aprobadas en gestiones anteriores, que alteraban indicadores urbanísticos en distintas zonas del distrito sin el aval correspondiente. Esta decisión, adoptada en octubre pasado, afectó a más de 400 urbanizaciones en La Plata.
La empresa Berlín, en el centro de la polémica
Berlín, la firma responsable del proyecto, siguió comercializando lotes incluso después de la suspensión de las habilitaciones, bajando los precios para atraer compradores. En su página web, la empresa continúa ofreciendo otros desarrollos como Bruk, Blend y Pueblo II, promovidos con slogans que combinan exclusividad y naturaleza.
En redes sociales, la firma había compartido avances del barrio hasta marzo de 2024, mostrando la construcción de viviendas a pesar de la suspensión municipal. La comercialización y publicidad del emprendimiento sin autorización profundizó las sospechas sobre posibles irregularidades en su desarrollo.
Un problema de fondo: el reordenamiento territorial
La clausura de «Pueblo» responde a una revisión más amplia del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). Desde el Municipio se argumenta que la habilitación irregular de estos proyectos podría implicar delitos como abuso de autoridad y fraude a la administración pública. La Ley 8.912 de Ordenamiento Territorial establece que cualquier cambio en los indicadores urbanísticos debe contar con la validación de la Provincia, algo que no ocurrió en estos casos.
Hasta que las ordenanzas sean revisadas y convalidadas, las autoridades municipales solo permitirán intervenciones que cumplan con la normativa vigente. Mientras tanto, desarrolladoras como Berlín quedan en la mira por operar fuera del marco legal, dejando en incertidumbre a compradores y vecinos afectados por estos emprendimientos suspendidos.
