Con apoyo del oficialismo, la UCR y el PRO, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó este viernes la expropiación de 18 lotes ubicados en la zona de la nueva bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires, sobre la avenida 520 entre 118 y 120. Se trata de una decisión clave para el avance de la obra vial que será inaugurada el 22 de abril y que busca mejorar la conexión entre la capital bonaerense y CABA.
La medida, impulsada por el intendente Julio Alak y articulada por el secretario de Planeamiento, Sergio Resa, recibió el aval de la mayoría de los bloques, salvo La Libertad Avanza, que expresó un contundente rechazo. En el debate, se puso sobre la mesa no solo la cuestión urbanística y de ordenamiento territorial, sino también el destino de las familias que actualmente habitan en los terrenos en cuestión.
Desde el Ejecutivo municipal argumentaron que la zona representa un riesgo por su cercanía con una vía de alto tránsito, y que el objetivo es relocalizar a quienes allí residen, desarrollando un plan de viviendas sociales como parte de un proyecto integral de urbanización. Esta iniciativa busca acompañar la nueva infraestructura vial con soluciones habitacionales y mejoras en la calidad de vida en un sector estratégico de la ciudad, cercano al Mercado Regional.
El debate político y las críticas cruzadas
En el recinto, la presidenta de la comisión de Planeamiento, la concejala Cintia Mansilla (Unión por la Patria), defendió la ordenanza y destacó que el proyecto tiene una doble finalidad: consolidar un acceso clave para el desarrollo productivo y empresarial de la región, y dar respuestas a una problemática social persistente. “Los barrios de la zona están en situación muy compleja. Con esta ordenanza, no solo garantizamos una mejor conexión vial, sino también un paso importante para urbanizar y mejorar condiciones de vida”, sostuvo.
El bloque radical, a través del concejal Javier Mor Roig, acompañó la propuesta pero no ahorró críticas al oficialismo por la demora en la ejecución de la obra. “Fue anunciada en marzo de 2023 y debía estar lista en octubre. Recién ahora se está por inaugurar”, subrayó. Además, cuestionó la falta de información sobre el convenio con la Provincia para la construcción de viviendas y señaló que el expediente debió haber pasado también por la comisión de Hacienda, dado el impacto presupuestario.
Desde el PRO, Nicolás Morzone explicó el acompañamiento de su bancada en nombre de la “seriedad institucional” frente a una obra pública de gran envergadura, aunque también marcó diferencias: “No compartimos las prioridades de Alak, pero no vamos a frenar proyectos que dinamicen la economía local”. Sin embargo, advirtió que no hay claridad sobre las indemnizaciones ni sobre cómo será la reubicación de quienes viven allí, a quienes se refirió como “usurpadores”.
La Libertad Avanza, en contra y con fuertes cuestionamientos
El rechazo vino del bloque libertario, que debutó con su nueva conformación en esta sesión. La concejala Florencia Defeo cuestionó la falta de datos precisos sobre las familias afectadas, la ausencia de un censo y el hecho de que el expediente no haya sido girado a la comisión de Hacienda. “Esto implica un gasto que sale del bolsillo de los platenses, y no se informó el presupuesto ni las condiciones de las indemnizaciones”, dijo.
Defeo centró su crítica en la situación de los terrenos y en la legalidad de las ocupaciones: “No vamos a avalar el delito de usurpación. La mayoría de estos lotes están tomados sin autorización. No corresponde que se premie con una vivienda social a quien violó la propiedad privada”, remarcó, marcando distancia con el resto del cuerpo deliberativo. También cuestionó que el Ejecutivo no haya explicitado qué pasará con esas familias ni con los fondos necesarios para relocalizarlas.
Una obra con impacto estratégico
El nuevo empalme vial, que será inaugurado en los próximos días, forma parte de un plan de infraestructura mayor que pretende reordenar la zona oeste de La Plata, al tiempo que agiliza el ingreso y egreso a la ciudad. La expropiación de los terrenos linderos aparece como una pieza clave para completar la obra, aunque también deja expuestas tensiones políticas y sociales que atraviesan el urbanismo local: el crecimiento desordenado, la falta de vivienda y el debate sobre la propiedad privada.
Mientras avanza la obra, la mirada queda puesta en la implementación del plan de viviendas prometido por el Municipio y en cómo se garantizará el traslado de las familias afectadas sin vulnerar derechos ni generar nuevos conflictos sociales.
