Han pasado más de cuatro meses desde que la Municipalidad de La Plata suspendió por 180 días la construcción y trámites administrativos en más de 400 barrios de la ciudad por incumplimientos a la legislación provincial.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno municipal sigue sin publicar el listado de emprendimientos inmobiliarios afectados, generando incertidumbre entre compradores, desarrolladores y el sector de la construcción.
La decisión se tomó el 10 de octubre de 2024 mediante el Decreto N° 2.514/24, que dejó sin efecto la vigencia de 76 ordenanzas aprobadas entre 2013 y 2023. Entre los proyectos suspendidos no solo se encuentran barrios privados y loteos, sino también iniciativas clave como la construcción del Polo Electoral y la fábrica de celdas de litio de la UNLP. La medida fue acompañada por una denuncia judicial que busca esclarecer cómo se otorgaron las habilitaciones en estos emprendimientos.
Desde entonces, la falta de información oficial ha alimentado el malestar en distintos sectores. La oposición, encabezada por concejales de La Libertad Avanza y la UCR + PRO, exigió a la Comuna que precise qué barrios están afectados y su ubicación exacta, para evitar que los platenses adquieran lotes sin saber si están alcanzados por la suspensión. Pero el pedido no tuvo respuesta y, pese a la prohibición, en redes sociales siguen apareciendo publicidades de loteos en todos los barrios de la periferia de la ciudad.
La parálisis generada por la medida afecta no solo a los desarrolladores, sino también a arquitectos, ingenieros y comerciantes del rubro de la construcción. Desde el Colegio de Arquitectos de la provincia, Distrito 1, advirtieron sobre «la alarmante caída en la actividad formal» y señalaron que la situación se agrava por la falta de claridad normativa y la lentitud en los trámites municipales. Además, alertaron sobre el crecimiento de la construcción clandestina ante la ineficiencia de los mecanismos de control.
Mientras tanto, la gestión endurece su postura y ya anticipó que avanzará con embargos contra urbanizadores que comercialicen loteos sin la debida aprobación. En un comunicado, la Municipalidad advirtió que la compra de estos terrenos representa «un riesgo para los ciudadanos» porque impide la escrituración y habilitación de obras. Sin embargo, la falta de un listado oficial de barrios irregulares mantiene en vilo a compradores y profesionales del sector, quienes exigen respuestas concretas antes de que venza el plazo de la suspensión en abril.
