En medio de las denuncias impulsadas por la gestión de Julio Alak por presuntas irregularidades en la obra de la rotonda de 467 y 160, el espacio que lidera el ex intendente Julio Garro salió al cruce y defendió el proyecto. Aseguraron que la obra se realizó en el marco de la normativa vigente y negaron cualquier vínculo con el avance de desarrollos inmobiliarios ilegales en la ciudad.
A través de un extenso comunicado, el garrismo cuestionó la denuncia penal presentada por el Municipio y aclaró que la construcción de la rotonda fue consecuencia de la aplicación del sistema de plusvalía urbana a cargo de una desarrolladora privada.
“El convenio con la desarrolladora se cumplió en su totalidad y la obra se ejecutó con un estándar superior al previsto, incluyendo iluminación, cordón cuneta y sumideros”, señalaron desde el entorno del ex jefe comunal. Además, remarcaron que la decisión de construir la rotonda estuvo motivada por la necesidad de mejorar la circulación en una zona con alto crecimiento poblacional y la presencia de un colegio con los tres niveles educativos.
Desde el garrismo recordaron que durante su gestión la normativa de plusvalía fue reformada para garantizar que los aportes de los privados se destinen exclusivamente a obras de infraestructura en beneficio de los vecinos. “Este sistema permitió ejecutar puentes, obras hidráulicas, equipamiento urbano y espacios públicos, o bien depositar esos fondos en una cuenta de uso exclusivo para ese fin”, detallaron.
La rotonda de 467 y 160, según explicaron, fue parte de ese esquema y cumplió con todo el circuito administrativo correspondiente. Desde la elaboración del proyecto, su tratamiento en el Consejo Único de Ordenamiento Territorial (CUOT) —integrado por profesionales, concejales, desarrolladores, universidades y representantes del Ejecutivo— hasta su votación final en el Concejo Deliberante.
“Cada desarrollo tramitado durante nuestra gestión fue aprobado por ordenanza específica y cumplió estrictamente con la normativa vigente y la Ley Orgánica Municipal (LOM)”, insistieron.
Respecto a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios, el comunicado aclara que todos los emprendimientos involucrados contaban con las autorizaciones correspondientes y gestionaron la conexión a los servicios públicos ante EDELAP, CAMUZZI, ABSA y cooperativas, tal como lo exige la normativa.
“Resulta insostenible calificar de ilegales a estos desarrollos cuando cumplieron con todas las exigencias y, además, el propio Municipio les cobró la plusvalía urbana”, remarcaron con tono crítico. En ese sentido, apuntaron contra la actual gestión por considerar ilegales a urbanizaciones que fueron habilitadas y gravadas fiscalmente por la propia Comuna.
Desde el espacio de Garro también diferenciaron esos casos de los barrios que, efectivamente, se levantaron de manera irregular sobre suelo rural, sin ordenanzas ni factibilidad de servicios, los cuales —aseguraron— fueron denunciados y registrados durante su mandato con actas contravencionales y acciones legales.
“Siempre actuamos contra la venta de lotes en barrios ilegales. Los operativos y las fiscalizaciones constan en las oficinas técnicas, con mapeos, informes y actas. Todos los expedientes se sometían a información pública”, subrayaron. Y cerraron: “Si la actual gestión considera ilegales a los barrios habilitados por ordenanzas municipales, ¿por qué les liquida y cobra el tributo de plusvalía urbana?”
