Los gremios que representan a los docentes universitarios definieron un paro de entre 48 y 72 horas para el 17 de marzo, en protesta por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. La medida fue impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y será coordinada con el resto de las federaciones nacionales.
La decisión se tomó luego de semanas de consulta en los sindicatos de base y en un contexto de fuerte malestar en el sector. Según denunció el secretario general de Conadu, Carlos De Feo, los aumentos salariales dispuestos por el Gobierno resultan insuficientes. «Se estableció un incremento del 1,5% en febrero sobre enero y del 1,2% en marzo sobre febrero, lo que implica una pérdida de más del 70% de nuestros ingresos desde diciembre de 2023», sostuvo.
Además del ajuste salarial, los docentes advierten sobre el desfinanciamiento de las universidades nacionales, con recortes en fondos de investigación y en programas de articulación con los territorios. «No solo no hemos sido convocados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias para discutir esta crisis, sino que el Gobierno ha reducido recursos clave, dejando en una situación crítica a la comunidad educativa», agregó De Feo.
El plenario de Conadu también alertó sobre otros problemas que afectan a la docencia universitaria, como la falta de financiamiento para las obras sociales, la imposibilidad de acceder a capacitaciones debido a los recortes presupuestarios y la precarización del sistema jubilatorio, que ha generado un aumento en las renuncias dentro del sector.
Uno de los casos más graves, según el comunicado de la federación, es el de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, donde se denuncia una vulneración de la autonomía universitaria y el impago de salarios a docentes y personal nodocente desde hace más de un año.
Ante este panorama, los gremios resolvieron avanzar con la medida de fuerza el 17 de marzo, con una duración que se definirá en coordinación con las demás federaciones nacionales. La comunidad académica sigue de cerca el conflicto, en medio de un clima de creciente tensión entre el sector educativo y el Gobierno nacional.
