La crisis financiera se profundiza mientras el Gobierno admite que utilizará los dólares del próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intervenir en el mercado cambiario. La confirmación llegó durante la exposición de funcionarios ante la comisión bicameral del Congreso que analiza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita un nuevo endeudamiento con el organismo multilateral.
El director del Banco Central (BCRA), Marcelo Griffi, fue quien blanqueó la estrategia oficial ante la consulta de la diputada Julia Strada. “El fortalecimiento de la situación del Banco le permite operar también sobre el mercado de cambios”, admitió, dejando en claro que el objetivo es contener la escalada del dólar. Más tarde, ante la prensa, Griffi fue contundente: efectivamente, se intervendrá.
De este modo, el Ejecutivo reconoce que los fondos frescos del FMI no estarán destinados a fortalecer reservas, sino a intentar frenar la presión cambiaria, una política que el propio Fondo suele rechazar. Legisladores opositores no tardaron en cuestionar la maniobra: “Van a cancelar papeles intransferibles solo para quedarse con los dólares y reventarlos en el mercado”, disparó un diputado presente.
La exposición legislativa dejó en evidencia la ausencia de las principales figuras económicas: ni el ministro Luis Caputo ni el presidente del BCRA, Santiago Bausili, dieron la cara. En su lugar, asistieron segundas líneas como el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el mencionado Griffi, lo que despertó críticas y sospechas sobre el verdadero nivel de respaldo político a la operación.
Caputo, en el ojo de la tormenta: sus declaraciones desataron la corrida
El reconocimiento de que se usará deuda para frenar la corrida llegó tras otro día de fuerte tensión en los mercados. Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva solo profundizaron la desconfianza. Al no descartar una devaluación y sugerir un posible cambio de régimen cambiario hacia bandas de flotación, sembró más incertidumbre y aceleró la dolarización de carteras.
El dólar blue saltó a $1.285 en la city porteña, ampliando la brecha con el oficial al 20%. El contado con liquidación (CCL) y el MEP también escalaron por encima de los $1.290, mientras que el dólar cripto superó los $1.300. El Banco Central tuvo que desprenderse de más de USD 200 millones en reservas para contener la sangría.
El impacto se sintió de lleno en los mercados bursátiles: el Merval cayó un 2,5%, con desplomes en acciones clave como Metrogas, Edenor y Transener. En Wall Street, las ADRs argentinas se desplomaron hasta un 8,8%. Al mismo tiempo, el riesgo país se disparó hasta los 784 puntos básicos, su nivel más alto en lo que va del año.
En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron un fuerte repunte, anticipando una devaluación que los operadores ya descuentan. Para fin de año, el dólar futuro se negocia en torno a los $1.390, lo que implica un salto del 30%, muy por encima del crawling peg del 1% mensual que intenta sostener el Gobierno.
El trasfondo político y el rol del FMI: el mercado no le cree al Gobierno
La situación expone la fragilidad del plan económico oficial y las tensiones con el FMI. Desde el entorno de Caputo reconocen que el Fondo exige mayor flexibilidad cambiaria, una forma elegante de pedir una devaluación. El propio secretario de Finanzas, Pablo Quirno, deslizó que los USD 25 mil millones que ya compró este Gobierno se usaron para pagar deuda y financiar importaciones.
Mientras tanto, la brecha cambiaria roza el 20% y los exportadores demoran liquidaciones a la espera de un dólar más alto, mientras las empresas adelantan importaciones para aprovechar el tipo de cambio aún relativamente barato.
La caída en las reservas es contundente: solo en las últimas jornadas, el BCRA perdió más de USD 600 millones en su intento por contener la corrida, y las reservas brutas ya perforaron los USD 27.200 millones.
En los pasillos del Congreso, algunos legisladores no dudan en comparar la actual situación con el blindaje de la Alianza en 2001 o el acuerdo con el FMI firmado por Mauricio Macri en 2018. “El Congreso debería revisar la legalidad de esta deuda que se toma para alimentar la fuga”, disparó un diputado con tono crítico.
