La Justicia Federal de La Plata dictó el procesamiento de Raúl Simonetto y Viviana Aguirre, exfuncionarios del PAMI, acusados de desviar fondos públicos para un viaje a Brasil disfrazado de trabajo. ¿El motivo? Disfrutar del concierto de Madonna. Conoce los detalles de este caso que indigna a los jubilados.
La Justicia Federal de La Plata dictó el procesamiento de Raúl Carlos Simonetto, ex titular de la Unidad de Gestión Local (UGL) VII del PAMI, y Viviana Aguirre, ex coordinadora contable de la misma dependencia, en el marco de un resonante caso de presunta defraudación a la administración pública. El escándalo, que estalló por un supuesto viaje a Brasil para asistir a un concierto de Madonna, derivó en la salida de ambos funcionarios del organismo y captó la atención pública por la gravedad de las acusaciones. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, consideró que existen pruebas suficientes para avanzar con la causa, marcando un nuevo capítulo en este controvertido episodio.
El origen del escándalo: un viaje que levantó sospechas
El caso salió a la luz cuando se reveló que Simonetto y Aguirre habrían utilizado fondos públicos para financiar un viaje a Brasil, presuntamente con el objetivo de asistir a un concierto de la icónica cantante Madonna. Según fuentes judiciales, el desplazamiento fue presentado como una actividad laboral, pero las irregularidades detectadas en la rendición de gastos y la falta de justificación oficial desencadenaron una investigación que puso en jaque la gestión de ambos en el PAMI La Plata.
La denuncia inicial, impulsada por una auditoría interna del organismo, señaló movimientos financieros anómalos en la UGL VII, dependiente de PAMI, que presta servicios a miles de jubilados y pensionados en la región. Los fondos en cuestión habrían sido utilizados para cubrir pasajes, hospedaje y otros gastos personales, lo que derivó en acusaciones de malversación y abuso de autoridad. La magnitud del caso, sumada al contexto de un organismo clave para la atención de adultos mayores, generó indignación en la opinión pública y motivó una rápida respuesta judicial.
La resolución del juez Kreplak: procesamiento sin prisión preventiva
En las últimas horas, el juez Ernesto Kreplak dictaminó el procesamiento de Simonetto y Aguirre por el delito de «defraudación en perjuicio de la administración pública», contemplado en el artículo 174 del Código Penal argentino. La resolución, basada en un exhaustivo análisis de pruebas documentales y testimonios, establece que ambos exfuncionarios habrían actuado de manera coordinada para desviar fondos públicos en beneficio propio.
Entre las evidencias presentadas, se destacan irregularidades en las facturaciones presentadas para justificar el viaje, así como contradicciones en los informes administrativos de la UGL VII. Aunque el juez consideró que no existen riesgos procesales que justifiquen la prisión preventiva, impuso a los acusados una serie de restricciones, incluyendo la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal.
Kreplak, conocido por su firme actuación en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, subrayó en su fallo la importancia de garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente en organismos como PAMI, que cumplen un rol esencial en la protección de sectores vulnerables. La decisión judicial refuerza el mensaje de que las irregularidades en la administración pública no serán toleradas, en un contexto donde la confianza en las instituciones está bajo constante escrutinio.
Repercusiones y contexto político
El procesamiento de Simonetto y Aguirre llega en un momento de alta sensibilidad para el PAMI, que enfrenta críticas por recortes en la cobertura de medicamentos y servicios, como señaló recientemente el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en relación con las políticas del gobierno nacional. El escándalo del viaje a Brasil no solo compromete la imagen del organismo, sino que también alimenta el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir abusos.
En el ámbito local, el caso ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores exigen sanciones ejemplares para los involucrados, otros advierten sobre la politización de la Justicia en causas de alto impacto mediático. La salida de Simonetto y Aguirre del PAMI, ocurrida tras la viralización del escándalo, fue interpretada como un intento de la institución por contener el daño reputacional, aunque no logró frenar el avance de la investigación judicial.
En redes sociales, el caso ha sido ampliamente comentado, con usuarios que expresan indignación por el uso indebido de fondos destinados a los jubilados. Un post en X señaló que el procesamiento de los exfuncionarios es un paso hacia la justicia, aunque destacó la necesidad de recuperar los recursos malversados. La referencia al concierto de Madonna, un detalle que captó la atención mediática, ha convertido al caso en un símbolo de los excesos en la gestión pública.
¿Cómo sigue en la causa?
Con el procesamiento dictado, la causa avanza ahora hacia la etapa de instrucción, en la que se profundizará la recolección de pruebas y se definirá si el caso llega a juicio oral. Los abogados de Simonetto y Aguirre anticiparon que presentarán apelaciones, argumentando que las acusaciones carecen de sustento y que los fondos fueron utilizados en el marco de actividades institucionales. Sin embargo, las evidencias presentadas hasta el momento, incluyendo auditorías internas y registros contables, complican su defensa.
El juez Kreplak, por su parte, ordenó un embargo preventivo sobre los bienes de los acusados para garantizar una eventual reparación del daño económico causado al Estado. Además, se espera que la investigación explore si otras personas dentro de la UGL VII estuvieron involucradas en las maniobras, lo que podría ampliar el alcance del caso.
Un llamado a la transparencia
El escándalo del viaje a Brasil para ver a Madonna no es solo una anécdota pintoresca, sino un recordatorio de los desafíos que enfrenta la administración pública en Argentina. En un contexto de crisis económica y restricciones presupuestarias, cada peso malgastado representa una afrenta a los ciudadanos, especialmente a los jubilados que dependen del PAMI para acceder a servicios esenciales.
La actuación de la Justicia Federal de La Plata, liderada por Ernesto Kreplak, envía una señal clara: los responsables de abusar de la confianza pública deberán rendir cuentas. Mientras la causa avanza, la sociedad espera que este caso marque un precedente para fortalecer la accountability en la gestión de los recursos estatales. Por ahora, el eco del escándalo sigue resonando, con Madonna como inesperada protagonista de un capítulo que combina corrupción, espectáculo y justicia.
Fuentes: Clarín, Infobae, X
