La decisión del juez Guillermo Atencio de conceder prisión domiciliaria a Claudio y Facundo Albini, implicados en el caso de corrupción con “Chocolate” Rigau, se complica por la falta de dispositivos de monitoreo. Mientras tanto, el sistema judicial enfrenta críticas por su incapacidad para gestionar medidas cautelares en casos de alta notoriedad. ¿Qué significa esto para la lucha contra la corrupción?
El caso “Chocolate” ha cobrado relevancia en el ámbito judicial argentino, especialmente tras la decisión del juez Guillermo Atencio de conceder prisión domiciliaria a Claudio Albini, ex subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, y su hijo, Facundo Albini, ex concejal platense. Ambos están implicados en un escándalo de corrupción relacionado con un fraude millonario al presupuesto de la Legislatura bonaerense, y se encuentran detenidos desde noviembre de 2023.
A pesar de que el juez ha otorgado este beneficio a los Albini, la situación se complica debido a la falta de dispositivos de monitoreo electrónico, como las pulseras con GPS, que son necesarias para hacer efectiva la prisión domiciliaria. Este mismo problema ha afectado a “Chocolate” Rigau, otro implicado en el caso, quien también recibió el mismo beneficio hace tres semanas pero no ha podido dejar la cárcel por la misma razón. La situación plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para gestionar estos casos y garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares.
El caso “Chocolate” se centra en un esquema de corrupción que involucra a varios funcionarios y ex funcionarios públicos. Los Albini son acusados de ser los “jefes” detrás de este fraude, lo que ha llevado a una atención mediática significativa y a un debate público sobre la integridad del sistema político en la provincia de Buenos Aires. La decisión del juez Atencio ha sido objeto de críticas y análisis, especialmente en cuanto a su impacto en la percepción pública sobre la justicia y la lucha contra la corrupción.
La concesión de prisión domiciliaria sin los dispositivos adecuados plantea un desafío legal. La falta de tobilleras implica que los Albini permanecerán en prisión hasta que se resuelva esta cuestión técnica. Esto refleja no solo un problema logístico dentro del sistema penitenciario argentino, sino también un aspecto crítico sobre cómo se manejan las medidas cautelares en casos de alta notoriedad.
