La Justicia Federal avanza en una investigación que expone el funcionamiento de un millonario negocio vinculado a las fotomultas en la Provincia de Buenos Aires. Los allanamientos en municipios y universidades revelan una compleja estructura de convenios que habría favorecido de manera desproporcionada al empresario Leandro Camani, conocido como el «Rey de las Fotomultas».
Un sistema pensado para la seguridad, convertido en negocio
Originalmente diseñado para reducir la siniestralidad vial, el sistema de fotomultas en la Provincia terminó convertido en una maquinaria de recaudación con márgenes que perjudican al Estado y benefician a empresas privadas. De cada multa cobrada, el fisco recibe una fracción mínima, mientras que el grueso de los ingresos va a manos de operadores del sistema.
La estructura bajo la lupa judicial se apoya en convenios entre municipios y universidades, que subcontratan empresas privadas para la gestión de las infracciones. Camani, a través de sus empresas Secutrans y Tránsito Seguro, habría llegado a facturar hasta un millón de dólares diarios con este esquema.
El papel de las universidades y los beneficios fiscales
Los allanamientos realizados por el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, pusieron el foco en la participación de universidades, que firmaban convenios con municipios para la provisión de tecnología de fiscalización. Sin embargo, los fondos no quedaban en las universidades sino que pasaban a fundaciones que, a su vez, redirigían los recursos a empresas privadas.
Esta estructura permitía evitar el pago de impuestos, ya que las fundaciones universitarias están exentas de tributar Ganancias, Ingresos Brutos e IVA, reduciendo también las cargas por débitos y créditos bancarios. De esta manera, la recaudación de las fotomultas terminaba en manos privadas sin un retorno impositivo significativo para el Estado.
Vinculaciones políticas y funcionarios involucrados
El negocio de las fotomultas se consolidó durante la gestión de María Eugenia Vidal, cuando Camani estableció sus principales contratos con la Provincia. Uno de los nexos clave en la operatoria fue Mariano Campos, exfuncionario del área de Transporte bonaerense, quien actualmente trabaja junto al empresario.
Según la investigación del periodista Paulo Kaplan en C5N, los allanamientos alcanzaron a municipios como La Matanza, Morón, General Pueyrredón, Roque Pérez, Junín, Olavarría, Zárate, General Rodríguez, 9 de Julio, San Isidro y San Martín. En estos operativos, se incautaron convenios que detallan el circuito de dinero desde las municipalidades hasta las empresas de Camani.
Uno de los nombres que aparece en la trama es Diego Cambpel, secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad de San Martín, quien suscribió contratos con municipios y se lo ha visto en actividades privadas con Camani y Campos. Además, Camani tendría vínculos con un director del Grupo Provincia, de apellido Somoza, quien también se habría beneficiado con subcontrataciones.
Lo que viene: definiciones judiciales
La causa sigue en investigación y la Justicia analiza las pruebas reunidas antes de la feria judicial. No se descartan nuevas medidas y posibles imputaciones a los responsables de esta estructura que, bajo el argumento de mejorar la seguridad vial, terminó generando un sistema de recaudación que hoy está bajo la lupa judicial.
