La protesta ilegal en la base de Puente 12, que derivó en la expulsión de 18 efectivos de la Policía Bonaerense, tuvo como protagonista a Diana Gabriela Azategui, una exteniente con un historial llamativo dentro de la fuerza: acumuló ocho años de licencia médica y múltiples sanciones disciplinarias antes de ser dada de baja en 2020.
Un historial marcado por licencias y sanciones
Azategui, exintegrante de la Bonaerense con 23 años de servicio, pasó 2.939 días –equivalente a ocho años– sin actividad efectiva debido a licencias médicas, lo que le valió en el ámbito policial el mote de “carpetera”. Su legajo (155.077) detalla además que tuvo 17 destinos a lo largo de su carrera, con un promedio de apenas un año y medio en cada uno.
Su paso por la fuerza no estuvo exento de problemas. Registró al menos cinco sanciones por inconductas: en 1998, fue sancionada por irrespetuosidad hacia un superior; en 2000, por quejas y discusiones sobre órdenes recibidas a través de medios no autorizados; en 2001 y 2018, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones, y también en 2001, por falta de compostura en formación.
El rol de Azategui en la protesta y las consecuencias
Azategui estuvo presente en la manifestación en Puente 12, donde se reclamó un aumento salarial para la fuerza. Allí tuvo un papel activo, incentivando la protesta y buscando amplificar su difusión. La movilización, considerada ilegal dentro del marco policial, derivó en la expulsión de 18 efectivos que prestaban servicios en Ituzaingó y Tres de Febrero. Además, los involucrados fueron denunciados penalmente por el delito de sedición, ya que abandonaron sus tareas de seguridad pública, algo expresamente prohibido.
Los salarios en la Bonaerense y el último acuerdo paritario
La Policía Bonaerense tiene sus aumentos salariales atados a la paritaria general de los trabajadores estatales. En este contexto, el gobierno de Axel Kicillof cerró recientemente un acuerdo con los gremios que incluye a la fuerza: una suba del 9% distribuida en un 7% para febrero y un 2% para marzo. Sin embargo, sectores policiales continúan manifestando su descontento con la política salarial del Ejecutivo provincial.
(Fuente: DIB)
