Jueves 20 de febrero de 2025
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Exigen en La Plata el cumplimiento de las ordenanzas que prohíben a los cuidacoches

A pesar de que el trabajo de los «trapitos» está prohibido en La Plata por normativas municipales, su presencia en las calles sigue siendo una constante. Ante esta situación, desde la oposición en el Concejo Deliberante reclamaron que el Municipio refuerce los controles y garantice el cumplimiento efectivo de las regulaciones vigentes.

El pedido formal fue impulsado por el concejal de La Libertad Avanza, Guillermo Bardón, quien presentó un proyecto para que el Ejecutivo municipal intensifique las tareas de fiscalización. En su solicitud, el edil señaló que la actividad de los cuidacoches no solo infringe la normativa local, sino que también puede derivar en conflictos de seguridad y orden público.

Las ordenanzas en cuestión son la 9.127, que prohíbe el desempeño de cuidadores de autos en cualquier modalidad dentro del Partido de La Plata, y el artículo 214 del Código de Convivencia (ordenanza 12.170), que sanciona a quienes ofrezcan servicios no autorizados en la vía pública con multas de entre 50 y 1.000 módulos.

Si bien la normativa es clara, en la práctica su aplicación es cuestionada. En distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas de alto tránsito vehicular o eventos masivos, los «trapitos» continúan operando, muchas veces bajo un esquema informal que genera tensión entre automovilistas y vecinos.

El debate sobre esta problemática suele dividir opiniones. Mientras algunos sectores demandan una solución social ante la falta de empleo formal que empuja a muchas personas a esta actividad, otros insisten en que la presencia de cuidacoches en la vía pública constituye una apropiación ilegal del espacio común y, en algunos casos, un foco de extorsión encubierta.

Desde el Concejo Deliberante, el reclamo de Bardón podría reavivar la discusión sobre la efectividad de los controles municipales y la necesidad de mecanismos de contención para quienes dependen de esta actividad como medio de sustento. En ese contexto, la respuesta del Ejecutivo local será clave para determinar si se trata de una regulación aplicable o simplemente letra muerta en el código de convivencia urbana.

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