El gobierno de Axel Kicillof tomó medidas drásticas para abordar las deudas acumuladas por las obras sociales. Recientemente, inició una serie de demandas judiciales contra más de veinte obras sociales por deudas originadas al derivar pacientes a hospitales provinciales sin cubrir los costos correspondientes.
La situación financiera de los hospitales provinciales se volvió cada vez más complicada debido a la falta de pago por parte de las obras sociales. Estas entidades, responsables de cubrir las prestaciones médicas de sus afiliados, acumularon deudas importantes con los hospitales públicos. En el caso de la obra social de Fedecámaras, por ejemplo, se inició un juicio por casi 17 millones de pesos debido a deudas generadas en los últimos dos años.
El sistema de salud argentino enfrenta múltiples desafíos, incluyendo dificultades financieras y una creciente demanda por servicios médicos. En 2024, más de 110 obras sociales sindicales tuvieron problemas para cumplir con las exigencias del plan médico obligatorio, lo que exacerbó la presión sobre los hospitales públicos. La decisión de Kicillof de promover juicios de cobro busca “aliviar esta presión financiera y garantizar que los hospitales puedan seguir brindando servicios adecuados”, según informó la cartera sanitaria bonaerense.
La medida generó reacciones mixtas. Por un lado, se considera necesaria para sanear las finanzas de los hospitales provinciales. Por otro, las obras sociales podrían que enfrentar dificultades para hacer frente a estas demandas, lo que podría afectar a sus afiliados. Además, esta situación refleja los desafíos estructurales del sistema de salud, que requiere una redefinición para abordar las necesidades actuales y futuras.
