Lunes 17 de marzo de 2025
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Kicillof expuso una “operación de Clarín”: ¿Quién es responsable de la brutal represión?»

El gobernador de Buenos Aires acusó al diario Clarín de desviar la atención y culpar a su gestión por la feroz represión policial del miércoles. La denuncia reabre un debate sobre el rol de los medios y la responsabilidad gubernamental en tiempos de crisis.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, denunció públicamente lo que considera una operación mediática del diario Clarín, acusándolo de intentar vincular su gestión con la convocatoria a la marcha del pasado miércoles, que terminó en una brutal represión policial. Según Kicillof, esta maniobra busca desviar la atención y culpar a otros por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Kicillof calificó las publicaciones de Clarín como «piezas de la chantada y la descomposición de la profesión periodística». Además, señaló que esta estrategia forma parte de una maniobra más amplia del gobierno de Javier Milei para justificar la represión, que ha sido una constante en las protestas de los miércoles contra el ajuste económico.

El gobernador también expresó su indignación por la represión, describiéndola como «feroz, ilegal y premeditada», y un atentado contra los derechos esenciales de la democracia. En su declaración, subrayó la necesidad de poner un límite a lo que calificó como un «desenfreno autoritario». La represión dejó imágenes impactantes que generaron una ola de indignación en las redes sociales, y un fotógrafo se encuentra luchando por su vida tras los hechos.

Esta denuncia se suma a las críticas de otros funcionarios, como el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien calificó la represión como una de las más violentas en años y una muestra de un gobierno que «no sabe dialogar». La situación ha generado un intenso debate sobre el rol de los medios de comunicación y la responsabilidad del gobierno en el manejo de las protestas.

La controversia sigue escalando, y queda por ver cómo impactará en el panorama político y social de la provincia y del país.

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