El juez federal Alejo Ramos Padilla dispuso una medida cautelar que suspende la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, decisión impulsada por el gobierno de Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/25. La resolución judicial representa un nuevo obstáculo para las reformas estructurales propuestas por el oficialismo.
Ramos Padilla, a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°2 de La Plata, ordenó la “suspensión de los efectos” del decreto y exigió que tanto el Estado nacional como el Banco de la Nación Argentina se abstengan de realizar cualquier acción tendiente a su implementación.
Además, el magistrado fijó un plazo de cinco días para que las autoridades involucradas presenten un informe que explique el interés público comprometido por la medida cautelar solicitada. Esta instancia será clave para definir el futuro del decreto y sus eventuales implicancias legales.
Si bien la decisión judicial es de carácter provisorio, abre la puerta a un fallo definitivo sobre la validez y constitucionalidad del DNU. En su resolución, Ramos Padilla fundamentó su postura señalando que el Banco Nación es una entidad autárquica cuya creación corresponde al Congreso Nacional, por lo que cualquier modificación en su estructura jurídica debería contar con la aprobación legislativa.
El fallo se enmarca en un contexto de alta tensión política y económica, donde las decisiones del Gobierno generan resistencia en distintos sectores. La judicialización de las reformas propuestas por el Ejecutivo no solo agrega incertidumbre al panorama financiero, sino que también podría retrasar la implementación de otras medidas económicas previstas en la agenda oficial.
