A pesar de las acusaciones de corrupción que rodean a Julio «Chocolate» Rigau, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires realizó una investigación administrativa que no encontró faltantes de dinero ni irregularidades en los nombramientos, generando controversia sobre la objetividad del proceso.
A pesar del impacto mediático y judicial que generó el caso “Chocolate” Rigau, la Legislatura bonaerense concluyó su investigación administrativa interna sin detectar irregularidades ni faltantes de dinero. Este proceso, iniciado tras la detención de Julio Rigau en septiembre de 2023 mientras retiraba dinero de múltiples tarjetas de débito vinculadas a supuestos empleados de la Cámara de Diputados, ha generado controversia por la percepción de falta de profundidad e imparcialidad.
La pesquisa administrativa fue llevada a cabo por la misma institución señalada en las denuncias, lo que ha despertado críticas sobre su objetividad. Según el informe oficial, no se encontraron evidencias que respalden las acusaciones de corrupción o desvío de fondos. Sin embargo, esta conclusión contrasta con los avances judiciales liderados por la fiscal Betina Lacki, quien amplió recientemente las imputaciones contra Rigau y sus presuntos cómplices, Facundo y Claudio Albini. La fiscalía estima que el perjuicio económico podría superar los $4.000 millones debido a maniobras fraudulentas realizadas durante más de dos décadas.
Mientras la Legislatura niega irregularidades, la Justicia avanza en una causa que involucra contratos sospechosos y el uso indebido de tarjetas de débito para desviar fondos públicos. La Cámara de Diputados bonaerense entregó recientemente un listado con 400 empleados para colaborar con la investigación judicial, tras meses de resistencia y amenazas de allanamiento. Además, documentos incautados en el domicilio de Rigau apuntan a una red más amplia que podría incluir a otros actores dentro del sistema legislativo.
La decisión de la Legislatura ha sido recibida con escepticismo por parte de sectores políticos y sociales, que exigen mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Por su parte, el caso sigue avanzando en el ámbito judicial, donde se espera un juicio oral contra Rigau y otros implicados. Este episodio pone nuevamente en evidencia los desafíos estructurales para combatir la corrupción en las instituciones públicas argentinas.
