El Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para sellar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), evitando así el debate legislativo.
La maniobra, diseñada por el representante argentino ante el organismo, Leonardo Madcur, busca sortear la exigencia legal de aprobación parlamentaria establecida en la llamada «ley Guzmán» y acelerar el desembolso de fondos clave para la gestión económica del oficialismo.
Un atajo para evitar el Congreso
El Ejecutivo optó por esta vía al reconocer que el camino legislativo no sería viable en el corto plazo. La estrategia inicial del Gobierno consistía en derogar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera para otorgarle al Presidente la potestad de negociar acuerdos internacionales sin intervención del Congreso. Sin embargo, la falta de apoyo incluso dentro de sectores aliados obligó a recalcular.
El ministro de Economía, Luis Caputo, necesita concretar el acuerdo en las próximas semanas para garantizar un desembolso de entre 7.000 y 12.000 millones de dólares, que reforzarían las reservas del Banco Central y aliviarían la presión cambiaria. Frente a este escenario, el Gobierno decidió emitir un DNU que, en términos prácticos, autoriza al propio Milei a cerrar el entendimiento sin necesidad de aprobación parlamentaria inmediata.
¿El FMI avala la jugada?
La Oficina del Presidente justificó la decisión asegurando que el acuerdo con el FMI es «esencial para la estabilidad económica» y que no hay «asunto más urgente» que reducir la inflación y liberar restricciones cambiarias. Sin embargo, la estrategia genera incertidumbre política y legal, ya que el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había afirmado que el FMI no aceptaría un acuerdo por decreto sin «seguridad jurídica».
Desde el organismo internacional, la vocera Julie Kozack dejó en claro que el FMI no impone requisitos específicos sobre la vía de aprobación, dejando la responsabilidad en manos del Gobierno argentino. No obstante, históricamente el Fondo ha preferido que los acuerdos cuenten con respaldo legislativo para garantizar estabilidad en su implementación.
Riesgos y contradicciones en la estrategia económica
La decisión de recurrir a un DNU se da en un contexto de alta volatilidad económica y con proyecciones que no terminan de alinearse con el optimismo oficial. Bank of America anticipa una devaluación del 30% hacia finales de 2025, en contradicción con el discurso de Milei y Caputo sobre una inflación bajo control. A su vez, la continuidad del cepo cambiario, pese a las críticas previas del propio Milei al intervencionismo estatal, expone contradicciones en el enfoque económico del Gobierno.
El uso del DNU también tiene un trasfondo político: a diferencia de una ley, que requiere aprobación en ambas cámaras para entrar en vigencia, un decreto sigue activo hasta que ambas cámaras del Congreso lo rechazan. Esto le da al Ejecutivo un margen de maniobra clave para avanzar con el acuerdo sin obstáculos inmediatos.
Impacto en el escenario político y económico
El intento de sortear el Congreso con un decreto refuerza el perfil de un Gobierno que busca implementar reformas sin depender de consensos legislativos. Sin embargo, la falta de detalles sobre el acuerdo y las tensiones internas dentro de los bloques aliados abren interrogantes sobre la sostenibilidad del plan económico.
Para Milei, garantizar los desembolsos del FMI es crucial en un año donde su administración enfrenta crecientes desafíos. Pero el atajo elegido podría generar nuevas tensiones políticas y jurídicas, sumando incertidumbre en un panorama que ya de por sí es complejo.
Mientras el oficialismo acelera con su DNU, queda por verse si el Congreso decidirá enfrentarlo o si la estrategia le permitirá a Milei cerrar el acuerdo sin mayores sobresaltos.
