El presidente Javier Milei cerró el año con una medida que profundiza su política de reducción del Estado: mediante el Decreto 1148/24, prohibió las nuevas contrataciones en toda la administración pública nacional.
La decisión llega en un momento crítico, cuando unos 50.000 contratos están a punto de vencer este 31 de diciembre, dejando en incertidumbre a miles de trabajadores.
Qué implica el nuevo decreto
Publicado en el Boletín Oficial este martes, el decreto lleva la firma de Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según el texto oficial, la medida busca “garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional”. Sin embargo, detrás de esta frase se encuentra un endurecimiento de las restricciones vigentes desde 2022, las cuales ya limitaban parcialmente las contrataciones.
El nuevo marco establece que ningún organismo estatal podrá realizar designaciones o contrataciones, ya sean transitorias, por tiempo indeterminado o mediante servicios profesionales autónomos. Incluso se prohíben las designaciones en cargos temporales, dejando a muchas áreas clave con serias dificultades para cubrir vacantes esenciales.
Excepciones estratégicas y grietas en la norma
Aunque la prohibición es amplia, el decreto contempla excepciones para sectores considerados “estratégicos”. Entre ellos se incluyen el Servicio Penitenciario Federal, las fuerzas de seguridad, los hospitales y el sistema de ciencia y tecnología. Además, quedan fuera de estas restricciones las empresas y sociedades estatales, un punto que podría abrir el debate sobre la real extensión de la medida.
Sin embargo, incluso en las áreas excluidas, los procedimientos administrativos necesarios para justificar nuevas contrataciones podrían ralentizar la operatividad de servicios esenciales.
La regla del 3×1 y sus limitaciones
El decreto introduce un mecanismo que permite reemplazar a un empleado bajo una condición estricta: se deben demostrar tres bajas previas, independientemente del motivo. Este sistema, conocido como “regla del 3×1”, busca equilibrar las cuentas estatales, pero genera dudas sobre su aplicabilidad real.
Además, cualquier nueva contratación deberá contar con la autorización del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a través de una Subsecretaría. Este paso adicional centraliza las decisiones y podría incrementar los tiempos burocráticos, afectando aún más el funcionamiento del sector público.
Un impacto incierto con fuerte repercusión política
La medida refuerza la línea de ajuste que Milei ha promovido desde su llegada al gobierno, pero su implementación plantea interrogantes sobre el impacto en áreas sensibles y sobre la estabilidad laboral de miles de trabajadores. En un contexto de tensión social y económica, con un desempleo que afecta particularmente al Gran La Plata, estas políticas de contracción del Estado podrían tener consecuencias directas en el nivel de servicios que reciben los ciudadanos.
Mientras tanto, el decreto se suma a una lista de decisiones que prometen agitar la arena política y sindical en los próximos meses, en un país donde la administración pública sigue siendo uno de los principales empleadores.
