El decreto permite al Ejecutivo eludir el Congreso en la toma de deuda externa. El peronismo lo denunció en la Justicia, mientras que el PRO y la UCR debaten su postura.
El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin pasar por el Congreso, pese a la normativa que exige su aprobación legislativa. La medida, que otorga facultades al Ministerio de Economía para ejecutar el programa con el organismo, generó rechazo en la oposición y abrió un frente judicial contra el Presidente.
El DNU, compuesto por cuatro artículos, habilita a la cartera económica a tomar decisiones sin restricciones parlamentarias, bajo el argumento de que no se trata de nueva deuda sino de la continuidad del programa de Facilidades Extendidas firmado por el exministro Martín Guzmán. Sin embargo, especialistas advierten que el argumento es endeble, ya que el acuerdo vigente reemplazó el stand-by de 2018 y, según la legislación, cualquier modificación o ampliación del endeudamiento con el FMI debe pasar por el Congreso.
El atajo legal fue sugerido al Presidente por el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur, con la intención de evitar el debate parlamentario. El decreto entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y solo puede ser rechazado si ambas Cámaras del Congreso reúnen una mayoría de dos tercios, un mecanismo más complejo que el de aprobación de una ley. Esta asimetría, introducida durante el gobierno de Cristina Kirchner, favorece la implementación de decretos frente a la legislación ordinaria.
El rechazo al DNU no solo provino del peronismo, que presentó una denuncia penal contra Milei por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La presentación, impulsada por los diputados Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y Brenda Vargas Matyi, recayó en el juzgado de Sebastián Ramos y la fiscalía de Carlos Rívolo.
La maniobra también generó fricciones dentro de los bloques aliados al oficialismo. En el PRO, la conducción de Cristian Ritondo anticipó su incomodidad ante la posibilidad de convalidar una medida sin conocer en detalle sus implicancias. Posición similar adoptaron los diputados del MID y el sector liderado por Miguel Pichetto, quienes consideran que el decreto representa un «cheque en blanco».
Mientras la controversia escala, la Unión Cívica Radical definirá su postura en una reunión de bloque prevista para este martes. En paralelo, los legisladores del PRO analizaban el tema en sus grupos de discusión interna tras la publicación del decreto en redes sociales.
El primer artículo del DNU establece que el préstamo será utilizado para cancelar las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y para cumplir con el programa de Facilidades Extendidas. Sin embargo, críticos señalan que la norma contradice la Ley Guzmán, que exige que cualquier financiamiento con el FMI tenga aval legislativo.
El desenlace del conflicto tendrá impacto directo en la gobernabilidad de Milei y en la relación con sus socios parlamentarios, quienes enfrentan el dilema de avalar el decreto o forzar un debate legislativo que ponga en jaque la estrategia financiera del Ejecutivo.
