El punto de fricción central radica en una discrepancia de $250.000 pesos: la UTA considera esta suma como parte del acuerdo salarial anterior, mientras que las cámaras empresariales la interpretan como un pago único no remunerativo. Esta diferencia de perspectivas ha llevado a la UTA a exigir un piso de negociación de $987.000 para marzo, mientras que las cámaras se mantienen firmes en $737.000.

Las cámaras empresariales advierten que aceptar el reclamo salarial de la UTA implicaría un costo adicional de $12.500 millones de pesos, una carga financiera insostenible sin un aumento en los subsidios o en el precio del boleto. Esta situación plantea cuatro posibles soluciones: una suba en las tarifas autorizada por el gobierno, un aumento en los subsidios estatales, una moderación en las demandas salariales por parte de la UTA o una combinación de las tres opciones anteriores.

Las negociaciones se han estancado debido a la inflexibilidad de las partes involucradas: las empresas argumentan no contar con los fondos necesarios, las cámaras empresariales defienden lo que consideran un derecho adquirido, y el Estado declara falta de recursos.

La brecha entre los costos calculados por el Estado y los costos enfrentados por los operadores se ha profundizado en los últimos años, alcanzando un preocupante 40%. ¿Cómo se intenta cubrir esta diferencia? Principalmente, mediante la reducción de la inversión en nuevas unidades y la disminución de la frecuencia del servicio, lo que se traduce en una peor experiencia para los usuarios, con más demoras y tiempos de espera.

El tiempo apremia: este miércoles a las 13 horas está programada la próxima reunión paritaria entre las cámaras que operan las líneas de colectivo del AMBA y el sindicato liderado por Roberto Fernández. Si no se logra una solución satisfactoria, existe la posibilidad de que se retomen las medidas de fuerza el viernes 25 de abril.