En medio de la controversia con Nación, el ministro de Infraestructura bonaerense firmó una resolución que busca frenar la eliminación de tasas en las boletas de luz, y defender la estabilidad financiera de más de 200 cooperativas eléctricas y los ingresos municipales. ¿Logrará la provincia hacer frente a las decisiones del gobierno nacional?
La reciente resolución firmada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, generó un nuevo capítulo en la contienda entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. La medida solicita la intervención de la Fiscalía de Estado para habilitar herramientas legales que permitan al Ejecutivo provincial y a los municipios mantener las tasas incluidas en las boletas de luz, ante la eliminación de estos conceptos por parte de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación.
La decisión de Katopodis se produce en respuesta a una resolución nacional que elimina contribuciones provinciales y municipales, así como el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, elementos esenciales para el funcionamiento financiero de más de 200 cooperativas eléctricas en la provincia. Según el gobierno liderado por Axel Kicillof, esta medida no solo pone en riesgo la operatividad de estas cooperativas, sino que también afecta significativamente los ingresos de los distritos.
En su comunicado, Katopodis enfatizó que el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias es crucial para garantizar la equidad tarifaria. Este fondo permite que usuarios con consumos similares paguen tarifas equivalentes, independientemente de las diferencias geográficas o del tipo de prestación. En 2023, un notable 77% de estos aportes se destinó a cooperativas con menos de 5.000 usuarios, que representan más del 75% de las prestadoras eléctricas en el territorio bonaerense.
La resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense establece que la Fiscalía evaluará si es pertinente presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este paso es fundamental para determinar si las tasas pueden seguir incluyéndose en las facturas eléctricas, lo cual es visto como un salvavidas para muchas comunidades locales que dependen de estos ingresos.
Katopodis subrayó que esta intervención es necesaria para proteger los intereses económicos y sociales de los municipios, afirmando que “la eliminación de estas contribuciones afectaría directamente a los usuarios más vulnerables”.
La medida disparó diversas reacciones entre los intendentes y líderes locales, quienes han expresado su apoyo a la iniciativa del gobierno provincial. Muchos consideran que la intervención del Estado es esencial para preservar los recursos necesarios para garantizar servicios básicos en sus comunidades.
A medida que se desarrolla esta situación, queda claro que el enfrentamiento entre el gobierno provincial y nacional podría tener repercusiones significativas en el ámbito energético y financiero. La resolución no solo busca frenar una medida considerada perjudicial, sino también abrir un diálogo sobre cómo se pueden manejar mejor las tarifas eléctricas y las contribuciones municipales en un contexto económico desafiante.
