El próximo 6 de febrero, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) llevará a cabo una audiencia pública crucial para definir el nuevo cuadro tarifario del gas natural, en un contexto de creciente presión económica. Las distribuidoras y transportistas de gas solicitan aumentos de hasta un 45% en sus ingresos, lo que se traduciría en un incremento de alrededor del 15% en las facturas de los usuarios. Sin embargo, el Gobierno anticipa un ajuste mucho más moderado, con un límite del 10% por encima de la inflación.
Entre las empresas que presentaron sus solicitudes se destacan Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas y Gas Nea. A pesar de las peticiones elevadas de las compañías, la Secretaría de Energía ya adelantó que el ajuste propuesto será menor, evidenciando un fuerte contraste entre los intereses empresariales y la postura oficial.
Las propuestas de las distribuidoras y transportistas
Las distribuidoras de gas sostienen que, para poder asegurar la continuidad del servicio y realizar las inversiones necesarias en la red de gas, es fundamental que se ajuste el precio del servicio. Entre los pedidos más destacados, Camuzzi solicita un aumento de 45,8%, con un esquema de actualización mensual de tarifas. Por su parte, Metrogas también ha propuesto ajustes periódicos, mientras que TGS ha solicitado un incremento del 22,7%, justificando su pedido por la inflación mayorista, los costos salariales y el impacto de la construcción. TGN, por otro lado, estima que el impacto para los usuarios sería de aproximadamente un 5,9%.
Una de las propuestas comunes entre las empresas es la implementación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, que otorgaría previsibilidad en sus ingresos y la posibilidad de acceder a financiamiento para el mantenimiento y expansión de la infraestructura. Este mecanismo, según las distribuidoras, es esencial para garantizar la sustentabilidad del sistema a largo plazo.
El debate que se avecina: ¿qué temas se discutirán en la audiencia pública?
La audiencia, que será de modalidad virtual, se centrará en tres puntos clave:
1. La revisión quinquenal de tarifas de transporte y distribución de gas.
2. La metodología de ajuste tarifario para definir futuras actualizaciones.
3. La modificación del Reglamento de Servicio, que incluye normas sobre cortes por falta de pago.
El resultado de esta audiencia será determinante, no solo para las tarifas de gas en el corto plazo, sino también para las futuras actualizaciones de los precios. El escenario está marcado por una inflación creciente, lo que añade complejidad a la discusión y a las expectativas de los consumidores.
En paralelo, el gobierno se prepara para otra audiencia pública importante, esta vez con las empresas de electricidad, que se llevará a cabo el próximo 25 de febrero. La interrelación entre los ajustes de los servicios públicos y el impacto sobre los hogares sigue siendo un tema de debate central en la agenda económica.
Este debate no solo refleja las tensiones entre las necesidades de inversión de las empresas y las restricciones presupuestarias del gobierno, sino también cómo estas decisiones afectarán a los hogares platenses, que ya enfrentan un panorama económico complicado. La audiencia pública será una de las instancias más importantes para definir el futuro inmediato de las tarifas de gas.
