Un nuevo proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de La Plata busca endurecer el Código de Convivencia Urbana al incorporar penas de arresto para quienes ejerzan la actividad de cuidacoches, la venta ambulante o participen en protestas que bloqueen la circulación vehicular, entre otras infracciones.
La iniciativa, impulsada por el concejal del PRO, Nicolás Morzone, propone sumar la pena de prisión por hasta cinco días a las sanciones ya contempladas en el código vigente desde 2021, que incluyen amonestación, trabajo comunitario, multas e inhabilitaciones.
De aprobarse, el arresto podría aplicarse a quienes laven o cuiden autos en la vía pública a cambio de dinero, vendan productos en los semáforos, realicen pintadas o grafitis, generen ruidos molestos, incineren neumáticos u objetos contaminantes y participen de piquetes que obstruyan el tránsito.
Más sanciones y retiro de beneficios sociales
El proyecto también establece que quienes reincidan en el plazo de un año podrían perder beneficios sociales e impositivos. En el caso de empleados municipales que cometan este tipo de infracciones, se plantea la cesantía inmediata.
Además, Morzone presentó otra iniciativa para crear alcaidías municipales donde los contraventores cumplirían su arresto. «La Alcaldía Municipal tendrá por objeto alojar temporalmente a las personas privadas de su libertad en el marco de la comisión de contravenciones graves reguladas en la normativa municipal», detalla el proyecto, que plantea que el organismo dependa de la Secretaría de Justicia local.
Cruce político y debate sobre seguridad
El edil justificó la propuesta asegurando que busca «recuperar el orden en el espacio público» y responsabilizó al intendente Julio Alak por la falta de control sobre la seguridad en la ciudad. «Son ellos o nosotros. El que las hace, las paga. No hay grises cuando se trata de nuestra seguridad», afirmó Morzone.
El proyecto ya genera tensión en el ámbito político y social, con sectores que advierten que la medida criminaliza la informalidad laboral y la protesta, mientras que otros la respaldan como una herramienta para mejorar la convivencia urbana. Su tratamiento en el Concejo promete un intenso debate.
