El intendente de La Plata, Julio Alak, firmó un decreto que establece la creación del Registro Municipal de Comedores Comunitarios y el relanzamiento de la Tarjeta Alimentar Platense, medidas orientadas a ordenar y transparentar la asistencia alimentaria en el distrito.
La iniciativa responde al contexto de crisis alimentaria que afecta tanto al país como a la región, y busca optimizar los recursos destinados a los sectores más vulnerables. Según la Municipalidad, actualmente la asistencia alcanza a 240 beneficiarios, incluyendo responsables de comedores y familias en situación de extrema vulnerabilidad social.
Un sistema más transparente
La implementación del registro, formalizada mediante los decretos N° 2.932 y N° 2.934, tiene como objetivo sistematizar y profesionalizar la ayuda alimentaria gestionada por la Secretaría de Desarrollo Social. Anteriormente, la Tarjeta Alimentar Platense existía, pero carecía de criterios claros para su asignación y duración, según explicó el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Carvalho.
“Encontramos una base de datos con 15.000 personas, pero no pudimos determinar ni los criterios de asignación ni los tiempos de vigencia. Tampoco cómo se rendían los gastos”, indicó Carvalho. En respuesta, el Municipio creó el Registro Municipal de Comedores, Merenderos y Espacios de Cuidados Comunitarios (Remucom).
¿Cómo funciona la nueva tarjeta?
Para acceder a la Tarjeta Alimentar Platense, los comedores deben registrarse formalmente en el Remucom. Una vez inscriptos, reciben montos que varían entre $80.000, $130.000 y $180.000, dependiendo de la cantidad de beneficiarios que asisten al espacio.
El monto se acredita en una tarjeta del Banco Provincia y solo puede utilizarse en comercios que vendan alimentos. Además, los titulares deben rendir cuentas trimestralmente, justificando los gastos realizados. Si se detectan compras no autorizadas, como bebidas alcohólicas, o si no se rinde el monto total asignado, la tarjeta se da de baja.
Criterios estrictos para garantizar equidad
El nuevo sistema busca eliminar la discrecionalidad política en la asignación de recursos, priorizando criterios objetivos. Según Carvalho, los responsables de comedores deben informar detalles como la cantidad de personas que asisten, los días en que se brinda servicio, y los recursos con los que cuentan.
“Lo importante es que la asistencia pública tenga reglas claras. Estamos trabajando en una reglamentación específica para abordar las necesidades de las personas en situación de indigencia y grupos especialmente vulnerables, como niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”, señaló el funcionario.
Desde el inicio de la nueva gestión, el número de beneficiarios pasó de 120 a 240. Además, se está fortaleciendo la asistencia en áreas como salud mental y discapacidad, con el objetivo de brindar un acompañamiento integral.
