La movilización por los haberes jubilatorios culminó con un despliegue represivo que dejó más de un centenar de detenidos, manifestantes y periodistas heridos, y un fuerte cruce político entre el Gobierno nacional y la oposición.
Mientras la administración de Javier Milei defiende el operativo, Axel Kicillof denuncia un «desenfreno autoritario» y pide frenar el avance de la represión.
Un operativo con saldo de violencia y críticas
Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, la manifestación terminó con 124 personas detenidas: 94 hombres y 30 mujeres. En medio de los disturbios, 26 efectivos de seguridad resultaron heridos, mientras que el SAME atendió a al menos 20 manifestantes que debieron ser trasladados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía. Entre las imágenes que recorrieron las redes, destacaron la de un manifestante mayor suplicando que «no nos peguen más» y la brutal agresión contra el fotógrafo Pablo Grillo, quien terminó con graves lesiones en la cabeza.
Desde la Casa Rosada calificaron el operativo como «exitoso» y destacaron que lograron «preservar el orden público y minimizar el impacto en la circulación del tránsito». La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se aplicarán «todas las medidas necesarias para combatir la violencia en todas sus formas».
Cruces entre el oficialismo y la oposición
El gobernador bonaerense Axel Kicillof rechazó con firmeza la acción represiva y la calificó como «feroz, ilegal y premeditada». «Esto es un atentado contra derechos esenciales de la democracia», denunció. Además, redobló su postura contra el Gobierno nacional y exigió ponerle un freno al «desenfreno autoritario». En línea con su discurso crítico, pidió nuevamente a los legisladores de Unión por la Patria que avancen con la quita de facultades extraordinarias que la Ley Bases le otorgó a Milei.
En el Congreso, mientras la oposición logró aprobar la creación de comisiones para investigar la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, el oficialismo evitó el debate sobre la reducción de poderes especiales del presidente.
El Gobierno agita el fantasma del 2001
Horas después de la represión, el clima político escaló con declaraciones explosivas desde el oficialismo. La diputada libertaria Lilia Lemoine aseguró que «los mismos que provocaron el golpe para devaluar en 2001 quieren hacerlo ahora», en referencia a sectores críticos del Gobierno. En la misma línea, el jefe de Gabinete Guillermo Francos denunció que existen «movimientos políticos» que buscan «desestabilizar al Gobierno».
Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, manifestantes reprimidos en el Congreso marcharon hasta la Casa Rosada, donde arrojaron piedras al edificio. El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, no dudó en calificar los hechos como un «intento de golpe de Estado perfectamente orquestado por lo más sucio de la política».
Bullrich, quien enfrenta fuertes cuestionamientos por su accionar, sostuvo que «esta gente vino preparada para matar» y reafirmó su postura de endurecer la seguridad.
Cacerolazos y reacción social
La represión no solo encendió el debate político, sino también generó una respuesta en las calles. Durante la noche, cacerolazos espontáneos se replicaron en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como Palermo, Caballito, San Telmo y Villa Crespo. En La Plata, un grupo de manifestantes, en su mayoría estudiantes y militantes políticos, se congregó en la esquina de 7 y 50 en rechazo a la represión y los incidentes en las afueras del Congreso. La autoconvocatoria derivó en el corte de calle sobre calle 7 en sentido a calle 8, donde se reclamó por la «libertad a todos los detenidos». Entre cacerolazos y carteles, la protesta se desplegó sin incidentes ni violencia.
Durante los disturbios en el Congreso, la concejal de Unión por la Patria (UP) de La Plata, Cintia Mansilla, fue detenida y posteriormente liberada. Según su relato, de los 60 detenidos iniciales, solo 15 fueron liberados porque «no les alcanzaban los móviles para todos». Además, contó que recibió un impacto de bala de goma en una pierna y que la policía «nos persiguió con gases y balas de goma, a pesar de que en un principio era una movilización pacífica». «Al Gobierno se le fue la situación de las manos. Si van a responder al malestar social así, aumentan la violencia», reflexionó la edil platense.
En medio de este clima de confrontación, queda en el aire una pregunta clave: ¿hasta dónde llegará la escalada de tensión entre el Gobierno y la oposición, y cuál será el costo político de una estrategia basada en la represión?
