El ministro Desregulador, Federico Sturzenegger, celebró la drástica reducción de la plantilla estatal en 2024. Con un enfoque en la eficiencia y el ajuste fiscal, la «motosierra» aplicada se centró en la Administración Pública Nacional y las Fuerzas Armadas, dejando a muchos en la incertidumbre sobre el futuro de los servicios públicos esenciales. ¿Qué implicaciones tendrá esta medida para el país?
El ministro de Desregularización estatal, Federico Sturzenegger, celebró la reciente reducción de la plantilla estatal en Argentina, destacando que durante 2024 se despidieron 37.595 empleados público*. Este drástico recorte, que ha sido denominado por algunos como una «motosierra» en la administración pública, se centró principalmente en la Administración Pública Nacional (APN), así como en empresas estatales y en las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Según el informe emitido por el ministerio de Sturzenegger, este ajuste se justifica como parte de una estrategia más amplia para optimizar los recursos del Estado y mejorar la eficiencia administrativa. El gobierno sostiene que estos despidos son necesarios para enfrentar las dificultades económicas que atraviesa el país y para reducir el gasto público.
Sturzenegger defendió la medida argumentando que es un paso fundamental hacia la reestructuración del Estado, que busca adaptarse a un contexto económico desafiante. Sin embargo, esta decisión ha generado un amplio debate en la sociedad argentina, con críticas provenientes de diversos sectores que argumentan que tales recortes pueden afectar gravemente a los servicios públicos y a la calidad de vida de muchos ciudadanos.
Las reacciones ante esta noticia han sido mixtas. Por un lado, algunos analistas económicos apoyan la medida como un intento necesario de sanear las finanzas públicas; por otro lado, organizaciones sindicales y grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto social que estos despidos pueden acarrear. La oposición política también ha criticado fuertemente al gobierno, señalando que estas decisiones son un reflejo de una política económica fallida.
