El Gobierno nacional avanza en una reconfiguración del sistema de subsidios energéticos, que impactará directamente sobre 9,5 millones de hogares que hoy reciben algún tipo de asistencia estatal en sus tarifas eléctricas. La medida forma parte del compromiso asumido por la administración de Javier Milei ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el gasto público, y apunta a limitar la ayuda solo a los sectores considerados más vulnerables.
De acuerdo a los últimos datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), cerca del 60% de los usuarios residenciales de luz —6,2 millones de ingresos bajos y 3,2 millones de ingresos medios— cuentan actualmente con tarifas subsidiadas. El nuevo esquema, que se definirá antes de fin de año, busca eliminar la segmentación por niveles de ingreso y consolidar una única categoría de beneficiarios: los hogares con acreditación de vulnerabilidad económica.
Esta decisión afectará directamente a la clase media, que en su mayoría dejará de recibir asistencia. Además, un número significativo de usuarios podría quedar afuera por dificultades administrativas: desde la Secretaría de Energía admiten que el Estado no cuenta con información actualizada y confiable sobre todos los beneficiarios, y que el cruce de datos sigue siendo un desafío.
El rediseño del sistema será gradual. En principio, no se esperan cambios bruscos en lo que resta del año, a menos que el contexto fiscal requiera una aceleración del ajuste. Mientras tanto, la Secretaría de Energía —a cargo de María Tettamanti— ya viene aplicando reducciones escalonadas en los descuentos aplicados a las facturas. El contexto inflacionario y el calendario electoral son elementos que inciden en el ritmo de las decisiones.
El recorte de subsidios es una pieza central del plan de Milei para reducir el déficit fiscal. En 2023, el gasto en subvenciones energéticas fue de 6.252 millones de dólares, una caída del 35% respecto al año anterior. Representó el 1% del PBI, el nivel más bajo desde 2009. Para este año, la proyección es que el gasto se reduzca a 4.433 millones de dólares, lo que equivaldría al 0,7% del PBI, según datos de la consultora Economía y Energía.
A esto se suma un cambio estructural en el funcionamiento del mercado eléctrico. A través de la Resolución 21/2025, el Gobierno habilitó a las empresas a celebrar contratos sin la intermediación de CAMMESA, la compañía estatal que en las últimas dos décadas centralizó la compra y venta de energía. El nuevo modelo apunta a replicar el esquema de libre contratación que funcionó en los años noventa, aunque todavía genera tensiones internas en el oficialismo y dudas sobre su viabilidad operativa.
El objetivo es que las tarifas reflejen el costo real del suministro, y que los subsidios, cuando existan, vayan directamente al usuario final. Este modelo requiere un reordenamiento profundo de todo el sistema. Hoy, gran parte de la población no paga el costo completo de la energía que consume: la diferencia la cubre el Tesoro con transferencias a CAMMESA. Con este nuevo esquema, se busca eliminar ese mecanismo.
En paralelo, la Secretaría de Energía está cerrando la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras, que definirá aumentos tarifarios, un nuevo cronograma de inversiones y un esquema de actualización mensual. Las subas se aplicarán en tres tramos, con impacto real sobre el bolsillo de los usuarios. A cambio, las empresas —en especial Edenor y Edesur, que operan en el AMBA— deberán mejorar los índices de calidad del servicio y reducir los cortes de suministro.
Desde la salida del cepo cambiario, una de las grandes incógnitas es si el nuevo tipo de cambio impulsará un aumento adicional en las facturas de luz, al encarecer el costo de generación de energía, o si el Estado volverá a absorber parte de esa diferencia con más subsidios. En lo que va del gobierno de Milei, las tarifas eléctricas subieron un 264% y las de gas un 622% en el Área Metropolitana, para los hogares sin subsidio.
Para las familias de La Plata y el Gran La Plata, el impacto de estas modificaciones será directo: miles de hogares dejarán de estar alcanzados por los beneficios y deberán afrontar subas en sus facturas mensuales. Con una economía que aún no da señales claras de recuperación y con la inflación desacelerándose, pero desde niveles muy altos, el debate por el costo de los servicios vuelve a instalarse como una preocupación cotidiana.
