El Gobierno enfrenta este miércoles un día de alta tensión en las calles y en el Congreso. Mientras refuerza el operativo de seguridad ante una nueva movilización de jubilados, en Diputados el oficialismo buscará aprobar el DNU que habilita al presidente Javier Milei a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin pasar por el Parlamento.
El epicentro volverá a ser la Plaza del Congreso, blindada con más de 2.000 efectivos de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, luego de los graves incidentes ocurridos la semana pasada durante la protesta de jubilados, que terminó con detenidos, heridos y destrozos.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, lanzó una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables de los hechos violentos del 12 de marzo y cualquier episodio similar que ocurra hoy. La medida fue oficializada mediante la resolución 357/2025 y se fundamenta en la participación de “grupos organizados y barras bravas” con fines desestabilizadores.
Un Congreso sitiado y un despliegue inédito de fuerzas
El operativo de seguridad no tiene precedentes para este tipo de protestas. Según la agencia Noticias Argentinas, se duplicó la presencia de fuerzas federales con 720 efectivos de la Policía Federal y unos 400 más entre Gendarmería y Prefectura, que se suman a los 900 policías porteños y 600 agentes de tránsito desplegados por el Gobierno de la Ciudad.
El área estará vallada en un radio de 100 metros alrededor del Congreso y se restringirá la circulación vehicular y peatonal en al menos seis cuadras a la redonda. En las estaciones de trenes, los mensajes oficiales insisten: “Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”.
La decisión de blindar la zona responde a la estrategia de Bullrich de evitar que los manifestantes lleguen a la Plaza del Congreso, epicentro de la movilización.
La pulseada por el DNU y el acuerdo con el FMI
Mientras tanto, adentro del Congreso, el oficialismo logró destrabar el dictamen de mayoría en la Comisión Bicameral que permitirá tratar este miércoles en el recinto el DNU 179/25, que habilita a Milei a negociar un nuevo acuerdo con el FMI.
El decreto había quedado trabado la semana pasada por falta de firmas. Sin embargo, La Libertad Avanza logró sumar los apoyos necesarios de legisladores del PRO, la UCR y otros aliados, tras una jornada de fuertes internas y pases de factura dentro del bloque oficialista.
Entre los apoyos se destacaron los libertarios Juan Carlos Pagotto y Lisandro Almirón; Diego Santilli y Luis Juez por el PRO; Víctor Zimmerman y Francisco Monti por la UCR; además de Carlos Espínola y Oscar Zago. El formoseño Francisco Paoltroni se desmarcó y presentó un dictamen en contra, aunque fue clave para bloquear la renovación de autoridades de la comisión, una jugada que tensó aún más la interna libertaria.
Críticas del PJ y el debate por el endeudamiento
El avance del DNU encendió las alarmas en el Partido Justicialista, que denunció públicamente que la medida le otorga al presidente facultades extraordinarias para endeudarse con el FMI sin control del Congreso ni acceso a la información pública.
En un documento difundido ayer, el PJ advirtió que el decreto permite sellar un acuerdo “sin conocer montos, tasas de interés, plazos ni condicionalidades”, vulnerando la Ley 27.612 y la Constitución Nacional. Además, señalaron que se intenta consolidar este mecanismo en un contexto donde la Argentina sigue sin aprobar un Presupuesto por segundo año consecutivo.
“Si el Congreso vota a favor de este DNU, le estarán concediendo a Milei facultades nulas e insanables”, advirtió el comunicado.
Un frente abierto en medio de la crisis
El Gobierno de Milei apuesta a aprobar hoy el DNU en Diputados y dar una señal política al FMI en plena negociación. Pero la protesta en la calle y el rechazo de la oposición marcan la fragilidad de esa estrategia.
En La Plata y el Gran La Plata, donde el impacto de las medidas económicas nacionales ya se siente en la caída del consumo y la preocupación por el empleo, la discusión sobre el endeudamiento externo y el ajuste vuelve a instalarse en la agenda pública.
Resta saber si la Casa Rosada logrará imponer su hoja de ruta o si la resistencia social y política complicará aún más un escenario que ya muestra signos de tensión creciente.
