La ocupación de terrenos en José Hernández, barrio ubicado en La Plata, encendió las alarmas entre los residentes, quienes señalan un incremento de la inseguridad asociado a esta situación.
Las demandas vecinales apuntan a una intervención inmediata de la Justicia para detener la usurpación y restaurar la tranquilidad.
La situación en detalle
El conflicto se centra en un predio situado entre las calles 510, 25 y 28, donde ya se han instalado más de 20 casillas de madera, habitadas por cerca de 30 familias. Los vecinos aseguran que este asentamiento precario no solo afecta el paisaje urbano, sino que también ha coincidido con un aumento en la actividad delictiva en el área.
“Hay registros en video que muestran cómo ingresan las casillas al terreno y cómo se organiza la toma. La subcomisaría de Hernández tiene acceso a esas pruebas, pero no vemos acciones concretas”, expresó uno de los frentistas afectados. Las imágenes también vinculan a los ocupantes con robos reportados en los alrededores, incluyendo el barrio Las Marías y zonas cercanas a 25 y 506.
Señalamientos y acusaciones
Según los denunciantes, un hombre identificado como Maturana, presunto puntero político de la zona, sería el principal organizador de la toma. Aunque no ocupa cargos oficiales, su nombre aparece reiteradamente en las acusaciones por parte de los vecinos.
“Estos intrusos no solo ocupan el predio, también son responsables de los robos que sufrimos los vecinos”, afirmó un residente que también subrayó la falta de respuestas claras por parte de las autoridades policiales y judiciales.
Impacto en la comunidad
La creciente inseguridad y la falta de acción han llevado a algunos vecinos a tomar decisiones drásticas. Un caso ejemplificador es el de un residente que se vio obligado a vender su terreno en 27 y 510, en el límite con Gonnet, debido al avance imparable de la usurpación. “Había comprado para construir mi casa, pero la situación se volvió insostenible”, relató.
Exigencias de los vecinos
La comunidad de José Hernández reclama medidas urgentes para frenar la ocupación y garantizar la seguridad en la zona. Exigen que la Justicia actúe rápidamente para ejecutar el desalojo y evitar que el conflicto continúe escalando. Por ahora, la incertidumbre y el malestar predominan entre quienes intentan preservar su calidad de vida frente a este desafío.
