Ahora el gobierno puso el foco en la cantidad de empleados universitarios, las voces críticas alertan sobre posibles recortes y su impacto en la calidad educativa. El análisis de lo que está en juego.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a centrar la atención en las universidades nacionales, señalando que “actualmente cuentan con más empleados que la administración pública nacional”, excluyendo las fuerzas armadas y de seguridad. En un posteo en X, Sturzenegger destacó: “Hoy tienen más empleados que la administración pública nacional (exceptuando FFAA y seguridad)”, lo que ha generado un debate significativo sobre la gestión y la eficiencia en estas instituciones educativas.
Las declaraciones de Sturzenegger fueron rápidamente respaldadas por el presidente Javier Milei, quien reiteró su pedido de realizar auditorías en las universidades, sugiriendo que hay «cosas raras» en su funcionamiento.
Este enfoque del gobierno reaviva el conflicto universitario, un tema candente en el primer año del gobierno libertario. A lo largo del ciclo lectivo, las universidades han demandado un mayor presupuesto, mientras que el oficialismo sostiene que los gastos son excesivos y carecen de auditorías adecuadas.
El gobierno instó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a llevar a cabo evaluaciones en las instituciones educativas. Sin embargo, este tipo de auditorías tradicionalmente corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyos miembros son designados por el Congreso. La decisión del gobierno de encargar esta tarea a la Sigen, una entidad bajo su control directo, ha suscitado críticas. La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha manifestado que este proceso infringe su autonomía y ha solicitado medidas cautelares para detenerlo.
En respuesta a las críticas, la Sigen argumentó que su función es simplemente verificar la gestión económica y financiera para mejorar las operaciones y asegurar un uso adecuado de los recursos públicos. En este contexto, el ente gubernamental presentó una demanda contra la UBA para auditar los recursos transferidos por el Estado e interponer medidas cautelares que permitan acceder a información detallada sobre sus operaciones financieras.
No obstante, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 rechazó el reclamo de la Sigen el pasado 10 de diciembre, lo que dejó en suspenso el proceso mientras se resuelve el planteo de fondo sobre la competencia de la Sigen para llevar a cabo estas auditorías.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del sistema universitario argentino. Las universidades nacionales defienden su autonomía y rechazan las auditorías propuestas por el gobierno. A medida que se intensifica este conflicto, los estudiantes y docentes se encuentran en una posición incierta respecto al financiamiento y la gestión administrativa de sus instituciones.
Con este panorama, se espera que las discusiones sobre el gasto universitario y las auditorías continúen ocupando un lugar central en la agenda política. La necesidad de transparencia y rendición de cuentas se enfrenta al desafío de preservar la autonomía universitaria en un contexto donde las decisiones gubernamentales tienen un impacto directo en la educación pública.
