Contra lo que había afirmado y en medio de una fuerte presión política de la oposición, el Gobierno decidió actualizar la fórmula por la que se establece el aumento de las jubilaciones a través de un decreto.

De acuerdo a lo que el Ejecutivo hizo trascender a medios nacionales, la nueva fórmula aumentaría el equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC, la inflación que mide el Indec) en abril, a lo que se sumaría una compensación de entre el 12 y el 15% por la pérdida de poder adquisitivo que experimentaron desde enero.

Hecho ese empalme, a partir de mayo, el Gobierno pretende que las jubilaciones se actualicen por el IPC mensual y no por una combinación del promedio de aumentos salariales con la recaudación de la ANSES, como es ahora

La utilización de la inflación como criterio para actualización de las jubilaciones es eficaz cuando ese índice es alto y en general supera a los salarios, pero si baja le puede poner un techo a la recuperación del poder de compra de los pasivos que es bajo desde hace décadas.

Durante lo que va de administración Milei, la falta de actualización de la fórmula, una vez derogada la anterior en el DNU 70/2023, que declaró la emergencia previsional hasta 2025, supuso una pérdida por inflación del orden del 20,6% según calculó la oposición.

La fórmula, de todos modos, siguió siendo usada por el gobierno, que dispuso todos los aumentos que dio por decreto. El próximo está previsto para junio, calculada sobre las cifras de enero, febrero y marzo. En esos meses, algunos gremios consiguieron aumentos salariales importantes, que ahora no incidirán en el cálculo.

La decisión de la Casa Rosada se da en medio de un contexto político complejo, porque la oposición venía presionando por esta cuestión en el Congreso, al punto de que casi se realiza una sesión en Diputados para tratar iniciativas sobre este tema contra los deseos del Ejecutivo.

Ahora, tanto el bloque Pro como el radicalismo y Hacemos Coalición Federal –los más amigables para el oficialismo– le plantearon al Gobierno que era imperioso cambiar cuanto antes la fórmula previsional, luego de la fuerte pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los haberes jubilatorios en los primeros dos meses del año.

En ese marco, los diputados de la Comisión de Previsión habían decido impulsar por cuenta propia un proyecto para avanzar con el cambio de fórmula. Por eso, el Ejecutivo decidió acelerar y utilizar la vía del DNU.

La Ley de Bases

En el borrador de la nueva “ley Bases”, el Gobierno había propuesto una fórmula jubilatoria que indexe por inflación a partir de abril con una compensación adicional del 10% por la inflación de enero. Los bloques dialoguistas de Diputados exigían una compensación mayor, pero la Rosada la resiste porque recortar la inversión previsional es clave para sostener el superávit fiscal que desvela tanto al presidente Javier Milei como a su ministro de Economía, Luis Caputo.

En  ese marco, la decisión del Gobierno representará una pérdida para los haberes jubilatorios y un ahorro fiscal para las arcas oficiales.